El Gobierno de México dio a conocer una presunta red de empresas que durante 27 años habría concentrado contratos millonarios para la producción y suministro de materiales electorales al Instituto Nacional Electoral (INE), antes Instituto Federal Electoral (IFE), así como a organismos públicos locales electorales (OPLE).
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó información sobre un esquema de contrataciones que, según las investigaciones preliminares, habría favorecido a un grupo de proveedores mediante prácticas que limitaron la competencia.
De acuerdo con los datos expuestos, las empresas involucradas habrían mantenido relaciones comerciales con las autoridades electorales desde 1999, a través de distintas razones sociales, representantes legales y mecanismos de contratación.
La investigación identificó vínculos empresariales relacionados con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, quienes presuntamente participaron en una estructura de compañías dedicadas al suministro de materiales utilizados en los procesos electorales.
Entre las empresas señaladas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Comercializadora JVLY.
Según la información presentada por el Gobierno federal, entre 2015 y 2025 estas compañías obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos, mediante procedimientos de contratación que ahora son objeto de revisión.
Buenrostro Sánchez explicó que las investigaciones detectaron coincidencias en domicilios, representantes legales, socios y números telefónicos, además de posibles simulaciones de competencia entre empresas que participaban en los mismos procedimientos de licitación.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó estas prácticas como parte de una presunta “mafia electoral” y sostuvo que las investigaciones deben abarcar distintas administraciones del organismo electoral, debido a que los antecedentes de las contrataciones se remontan a casi tres décadas.
La mandataria señaló que las irregularidades no pueden atribuirse exclusivamente a las administraciones recientes del INE, pues el esquema investigado habría comenzado cuando todavía operaba el Instituto Federal Electoral.
Ante esta situación, el Gobierno federal planteó modificar los mecanismos de adquisición de materiales electorales mediante la creación de un comité interdisciplinario que permita fortalecer la supervisión, transparencia y competencia en los procesos de contratación.
La propuesta también contempla fortalecer la participación de Talleres Gráficos de México en la producción de materiales electorales, con el propósito de reducir la dependencia de proveedores privados y establecer mayores controles sobre el ejercicio de los recursos públicos.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación inició una revisión histórica de las contrataciones realizadas por el IFE, el INE y los organismos electorales estatales, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y determinar si existen responsabilidades administrativas.
Las investigaciones también involucran a instancias federales encargadas de revisar operaciones financieras y posibles conductas ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos públicos.
El Gobierno federal sostuvo que el objetivo es esclarecer cómo operó durante casi tres décadas esta presunta estructura empresarial, identificar a los funcionarios que pudieron facilitar las contrataciones y evitar que se repitan prácticas que comprometan la transparencia en el uso de recursos destinados a la organización de elecciones.
