El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido en Colombia, acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de recibir un soborno de dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza a Andrew Clark, identificado como segundo al mando de la organización criminal encabezada por el exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.
La dependencia estadounidense informó este jueves 5 de noviembre que el juzgador, de 49 años y originario de la Ciudad de México, fue arrestado el pasado domingo 1 de noviembre y enfrenta nueve cargos federales por presuntamente ayudar a un integrante de una organización dedicada al narcotráfico a evadir la justicia.
Estados Unidos anunció que solicitará formalmente su extradición desde Colombia para que comparezca ante un tribunal federal del Distrito Central de California, donde se presentó una acusación en su contra el 4 de septiembre de 2026.
De acuerdo con las investigaciones, Benítez Alcántara habría utilizado su posición como juez de distrito en la Ciudad de México para favorecer a Andrew Clark, ciudadano canadiense de 36 años, quien había sido detenido en territorio mexicano en octubre de 2024 por acusaciones relacionadas con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio.
Tras su captura, Clark quedó sujeto a un procedimiento de extradición solicitado por el gobierno estadounidense, cuya supervisión correspondía al juez mexicano.
En noviembre de 2024, Estados Unidos presentó formalmente la solicitud de extradición. Sin embargo, según la acusación, entre noviembre de ese año y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2 millones 750 mil dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados con el propósito de conseguir su liberación.
Durante ese periodo, el presunto narcotraficante habría negociado la entrega de aproximadamente dos millones de dólares a Benítez Alcántara para obtener una resolución judicial favorable.
La investigación señala que el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que el juez presuntamente recibió la totalidad del soborno, concedió la libertad bajo fianza y ordenó la excarcelación de Clark.
No obstante, días después el ciudadano canadiense fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde continúa enfrentando un proceso penal.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que las resoluciones emitidas por Benítez Alcántara facilitaron que uno de los principales operadores de una organización internacional de narcotráfico eludiera temporalmente su detención.
El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, advirtió que los funcionarios públicos que colaboren con organizaciones criminales para obstaculizar la aplicación de la justicia deberán responder ante los tribunales de ese país, independientemente del lugar donde se encuentren.
Por su parte, el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, señaló que el juez mexicano presuntamente recibió el dinero mientras Ryan Wedding dirigía una organización criminal transnacional que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, manejaba operaciones multimillonarias de tráfico de cocaína con conexiones en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.
Wedding, de 44 años, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 y posteriormente fue identificado por las autoridades estadounidenses como presunto dirigente de una red internacional dedicada al tráfico de drogas y relacionada con diversos homicidios.
El exatleta figuró entre los diez fugitivos más buscados por el FBI hasta su detención en México, ocurrida en enero de 2026. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal.
Wedding enfrenta acusaciones por narcotráfico, homicidio e intento de homicidio, y tiene programados dos juicios para el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.
En cuanto a Benítez Alcántara, las autoridades estadounidenses precisaron que los nueve cargos presentados en su contra corresponden al delito de complicidad posterior a la comisión de un delito, por presuntamente facilitar que Clark evitara su detención, procesamiento o castigo.
De ser declarado culpable, el juez mexicano podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los cargos.
La investigación fue desarrollada por el FBI, en coordinación con el Departamento de Policía de Los Ángeles, la Real Policía Montada de Canadá y autoridades colombianas, entre ellas la Policía Nacional de Colombia e Interpol.
El Departamento de Justicia destacó que la detención forma parte de las acciones internacionales dirigidas a desarticular organizaciones criminales transnacionales y perseguir a funcionarios públicos señalados por facilitar sus operaciones.
