El Gobierno de México presentó este miércoles una iniciativa para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988, con el objetivo de adecuar el marco jurídico a los nuevos desafíos ambientales y fortalecer la protección de los recursos naturales.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la propuesta incorpora una nueva visión que vincula el desarrollo económico y el bienestar con la protección de la naturaleza, bajo el principio de que no puede existir justicia social sin justicia ambiental.
Entre los principales cambios se plantea fortalecer la prevención y reparación del daño ambiental, incorporar programas de restauración ecológica y nuevas herramientas para enfrentar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. También se prevé mejorar la evaluación de impacto ambiental e incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica para anticipar los efectos de políticas y grandes proyectos.
La iniciativa busca además ampliar la participación de comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes en las decisiones ambientales, así como garantizar el acceso a la información y a la justicia. Bárcena destacó que los conocimientos científicos y tecnológicos deberán complementarse con los saberes tradicionales de las comunidades.
Uno de los nuevos componentes será la protección de las personas defensoras del medio ambiente. La legislación incorporará disposiciones específicas para reconocer y proteger a quienes defienden ecosistemas, territorios y recursos naturales, además de fortalecer mecanismos de participación y denuncia.
La propuesta contempla también medidas para impulsar la economía circular, disminuir la generación de residuos, incrementar el reciclaje y avanzar en el saneamiento y recuperación de ríos, barrancas, costas y playas. Asimismo, reforzará la conservación de ecosistemas y especies y establecerá instrumentos de compensación ambiental.
Bárcena señaló que la actualización pretende brindar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones, particularmente frente a proyectos que puedan generar conflictos socioambientales.
La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y discusión durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
