Ciudad de México, 10 de julio de 2026.- Un grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que la detención del expresidente de Perú, José Pedro Castillo Terrones, fue arbitraria y recomendó al Estado peruano su liberación inmediata, además de otorgarle una reparación integral e investigar las presuntas violaciones a sus derechos durante el proceso judicial.

El dictamen fue emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, un mecanismo independiente de la ONU, el cual determinó que la captura del exmandatario, ocurrida el 7 de diciembre de 2022, no cumplió con los estándares internacionales de debido proceso. Los expertos señalaron que Castillo fue detenido antes de que concluyera el procedimiento constitucional correspondiente para retirarle la inmunidad presidencial y cuestionaron que la orden de detención fuera emitida sin la intervención previa de una autoridad judicial competente.

El informe también sostiene que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales del exgobernante, entre ellos el acceso efectivo a una defensa adecuada y las garantías de un juicio imparcial, por lo que concluyó que el Estado peruano incurrió en una detención arbitraria. En consecuencia, recomendó su liberación inmediata, una indemnización por los daños ocasionados y la realización de una investigación independiente para determinar posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados.

El Grupo de Trabajo aclaró que sus opiniones no tienen carácter vinculante, aunque representan una interpretación especializada de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, solicitó al gobierno de Perú informar, en un plazo de seis meses, las acciones que adopte para atender las recomendaciones formuladas.

Pedro Castillo permanece recluido desde diciembre de 2022, luego de anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción, decisión que fue considerada por las instituciones peruanas como un intento de quebrantar el orden constitucional. Desde entonces enfrenta diversos procesos penales relacionados con los delitos de rebelión, abuso de autoridad y otros cargos derivados de la crisis política que derivó en su destitución como presidente de Perú.