En una operación conjunta, autoridades federales detuvieron en el municipio de Aldama a Roberto “N”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región y objetivo prioritario del Gobierno de México. Durante el operativo también fueron capturadas otras 10 personas presuntamente vinculadas a la misma célula criminal.
De acuerdo con información oficial, la intervención fue realizada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de acciones coordinadas para contener la violencia en el estado.
Agresión armada y aseguramientos en Aldama
Los agentes realizaban recorridos en la localidad de El Pueblito, en el municipio de Aldama, cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego. Al repeler la agresión, lograron controlar la situación y detener a los presuntos responsables.
En el operativo se aseguraron:
11 armas largas
Dos ametralladoras
Dos fusiles Barrett
Artefactos explosivos
Tres vehículos
Un dron
Quién es Roberto “N”
Según las autoridades, Roberto “N”, también conocido como “02”, forma parte de una célula delictiva que opera en los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, además de ser señalado como probable responsable de enfrentamientos entre grupos antagónicos en Ojinaga.
El detenido cuenta con una orden de extradición en proceso hacia Estados Unidos y es considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en actividades delictivas de alto impacto en la región fronteriza.
Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público
Las 11 personas fueron informadas de sus derechos y, junto con el armamento y vehículos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.
Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron que seguirán trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad en Chihuahua y en el resto del país, bajo protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos.
