En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo vuelve a colocar en el centro del debate público una pregunta recurrente: ¿qué tanto ha avanzado México en materia de igualdad de género y cuáles son los pendientes que aún enfrentan millones de mujeres en el país? Si bien en las últimas décadas se han registrado avances institucionales importantes, las cifras sobre violencia, desigualdad económica y acceso a la justicia muestran que la brecha entre los derechos reconocidos y la realidad cotidiana sigue siendo significativa.
En el plano político e institucional, México ha experimentado transformaciones relevantes. La reforma constitucional de paridad de género aprobada en 2019 estableció el principio de “paridad en todo”, obligando a que los cargos de elección popular y buena parte de las posiciones en el servicio público se integren de manera equitativa entre hombres y mujeres. Este cambio permitió que el país alcanzara uno de los niveles más altos de representación femenina en el Congreso federal. Actualmente, las mujeres ocupan cerca de la mitad de los escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Otro hito relevante se registró en 2024 con la elección de Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta en la historia de México, un hecho que diversos analistas consideran simbólicamente significativo para la participación política femenina. A ello se suman avances en el ámbito judicial, donde cada vez más mujeres ocupan posiciones de magistradas, juezas y ministras, así como reformas legales enfocadas en combatir la violencia de género y ampliar los derechos reproductivos.
Sin embargo, estos progresos conviven con una realidad marcada por altos niveles de violencia contra las mujeres. De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada año se registran cientos de casos de feminicidio y miles de denuncias por violencia familiar, lo que refleja la persistencia de un problema estructural que atraviesa distintas regiones del país.
En el ámbito laboral, las brechas también persisten. Aunque la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado, aún existen diferencias salariales respecto a los hombres y una alta concentración femenina en sectores con menor remuneración o en condiciones de informalidad. Además, muchas mujeres enfrentan dobles jornadas al combinar empleo remunerado con labores domésticas y de cuidado no remuneradas.
Especialistas también señalan retos importantes en materia de acceso a la justicia. A pesar de que se han fortalecido los marcos legales para sancionar la violencia de género, organizaciones civiles y académicas advierten que la impunidad sigue siendo un problema, debido a fallas en la investigación de los delitos, falta de perspectiva de género en algunas autoridades y limitaciones institucionales.
El 8 de marzo, más que una fecha de celebración, se mantiene como un espacio de reflexión sobre los avances alcanzados y los desafíos pendientes. Para diversos colectivos y especialistas, el principal reto consiste en traducir los avances legales y políticos en mejoras concretas en la vida diaria de las mujeres, particularmente en materia de seguridad, igualdad económica y acceso efectivo a la justicia.
A medida que México continúa desarrollando políticas públicas y reformas legales orientadas a la igualdad de género, el debate sobre el papel del Estado, las instituciones y la sociedad en la garantía de los derechos de las mujeres seguirá siendo un tema central en la agenda nacional.
