Migración digital: prioridad para protección, expansión y competitividad; clave, cubrir previamente la normativa que aplica a la digitalización de cualquier negocio.
Paola Morales, socia experta en telecomunicaciones, medios y tecnología (TMT), comercio electrónico, privacidad y protección de datos personales de la firma Santamarina y Steta explicó por qué, para el 2026, las empresas en México tendrán como principal prioridad abrir nuevos mercados y acelerar la digitalización de sus negocios, la cual implica una transformación tecnológica crucial para competir en medio de un entorno legal cambiante.
“El Estudio de Tendencias de Servicios Legales 2025 de Santamarina + Steta recopiló las preocupaciones de más de 150 directores jurídicos, consejeros generales y líderes legales en México que coincidieron en efectuar una transformación tecnológica con visión global, como el camino más directo para sostener la competitividad”, dijo.
Adicionalmente, la experta señaló que esta necesidad de transformación digital en las empresas se acentúa debido a un importante número de reformas legales que empezarán a cristalizar en extensas reglamentaciones, con las que se deberá cumplir con agilidad. “Por eso es que los grandes corporativos consideran al cumplimiento normativo digital como un componente esencial de su estrategia. Por su parte, las empresas medianas y pequeñas recurrirán para 2026 a la digitalización y a la tercerización como palancas para crecer con agilidad”, subrayó.
Al respecto, Paola Morales confirmó la preocupación de los directivos legales encuestados por cumplir con el marco legal para digitalizar una empresa. Será de suma importancia que se haga desde el principio, cuando la empresa esté considerando establecer una plataforma digital, o cualquier medio de comercialización o servicios que sea digital. Esto incluye a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Norma Mexicana de e-commerce, la Ley del IVA, la protección de datos personales con avisos y políticas adecuadas, la normativa en materia de publicidad de cualquier tipo de producto y las cuestiones de propiedad intelectual, entre las principales. “La ciber-seguridad, el cumplimiento y la migración digital ya no se ven como un gasto, sino como una inversión estratégica que protege los activos digitales, la reputación empresarial y la confianza de clientes y socios. La mejor manera de evitar un ciber-ataque, multas o sanciones por incumplimiento de normativas es poner atención preliminar a toda la normativa que aplica a la digitalización de cualquier negocio”, concluyó.
Acerca de Santamarina + Steta:
Nuestra firma cuenta con 79 años de experiencia y fortaleza en el campo legal, respaldados por un profundo conocimiento del entorno empresarial y una amplia práctica en una gran variedad de asuntos nacionales e internacionales. Ofrecemos innovación y experiencia integral en 29 áreas de práctica del Derecho relacionadas con actividades comerciales e industriales de 13 industrias y sectores, representando a individuos, negocios y organizaciones con influencia en los sectores privado y público.
Brindamos soluciones creativas y eficientes a casos complejos, mientras prevemos conflictos o contingencias potenciales. Más de 1,000 clientes activos confían en nosotros para hacer frente a sus retos empresariales. Algunos de ellos han permanecido con la firma por más de 60 años, debido a nuestro continuo desarrollo y experiencia para cubrir la mayoría de los sectores de la economía.
Sus áreas de especialidad dentro del sector incluyen: Administrativo, ambiental y recursos naturales, protección al consumidor, salud y regulación sanitaria, seguridad social, comercio electrónico, comercio exterior, competencia económica, corporativo, fiscal, franquicias y licencias, fusiones y adquisiciones, laboral, licitaciones y privatizaciones, privacidad y protección de datos, prevención de lavado de dinero, propiedad intelectual, bancario y financiero, bursátil, financiamiento de proyectos e infraestructura, reestructuras y concursos mercantiles, seguros, arbitraje comercial (y medios alternos de solución de controversias) civil y mercantil, constitucional, administrativo y fiscal, aeronáutico y aeroportuario, agrario y consulta indígena educación, energía y gas, espacial y satelital, inmobiliario, marítimo, migratorio, minería, planeación patrimonial y sucesoria, telecomunicaciones, medios y tecnología y turismo.
