Ciudad de México, 27 de octubre de 2026. La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, anunció una revisión de la estructura administrativa del organismo, cambios en puestos directivos y plena colaboración con las instancias fiscalizadoras para esclarecer posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Durante su primera conferencia de prensa al frente del instituto, Cruz García informó que el Consejo General inició una evaluación de las áreas estratégicas, con el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas, luego de la salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del organismo electoral.
Como parte de este proceso, confirmó la renuncia de tres funcionarios vinculados con las áreas de Servicios de Informática, Igualdad de Género y No Discriminación, así como Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración. Las vacantes serán ocupadas temporalmente mediante encargadurías de despacho, mientras se determinan los nombramientos definitivos.
La consejera presidenta provisional explicó que la revisión administrativa también comprenderá los contratos vigentes, los procedimientos de adquisición y las contrataciones pendientes, con el objetivo de verificar que se hayan realizado conforme a la legislación aplicable y a los principios de legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
En ese contexto, manifestó la disposición del INE para proporcionar la información que requieran el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades administrativas.
Precisó que cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes, con respeto al debido proceso y sin anticipar conclusiones sobre los funcionarios o exfuncionarios involucrados.
Cruz García también planteó la necesidad de fortalecer el carácter colegiado de las decisiones institucionales, particularmente en los nombramientos de funcionarios y en la conducción de las áreas administrativas. Señaló que las designaciones deberán responder a criterios profesionales y a las necesidades operativas del organismo.
Los ajustes anunciados se producen después de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, en un contexto de cuestionamientos sobre procedimientos de contratación y posibles conflictos de interés durante su administración.
En la misma conferencia, la consejera electoral Carla Humphrey se pronunció por reforzar los mecanismos de vigilancia sobre las adquisiciones y contrataciones, así como por privilegiar procedimientos que garanticen mayor transparencia y competencia entre proveedores.
La nueva presidenta provisional sostuvo que los cambios administrativos no deberán afectar las funciones sustantivas del instituto ni los preparativos del proceso electoral de 2027, para el cual será necesario mantener la coordinación entre las distintas áreas técnicas y operativas.
Asimismo, indicó que el organismo continuará trabajando bajo los principios de autonomía, imparcialidad y legalidad, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a la persona que ocupará de manera definitiva la presidencia del Consejo General.
La revisión de la estructura interna y la colaboración con las autoridades fiscalizadoras marcarán el inicio de esta etapa de transición en el INE, en la que se buscará esclarecer los señalamientos administrativos y fortalecer los controles sobre el ejercicio de los recursos públicos.
