La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, manifestó la disposición de su administración para colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones relacionadas con el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, quien enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades vinculadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el crimen organizado.
La mandataria estatal sostuvo que las autoridades de Chihuahua han realizado las actuaciones que les corresponden y que ahora será responsabilidad del Poder Judicial determinar la situación jurídica del exfuncionario, conforme a las investigaciones y los elementos de prueba presentados por las fiscalías.
La postura de Campos se produce después de la detención de Jáuregui, ocurrida el 17 de octubre, y su posterior traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, ubicado en el Estado de México.
El caso está relacionado con un operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde presuntamente participaron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos sin cumplir con los procedimientos de autorización establecidos por las autoridades mexicanas.
Las investigaciones buscan establecer las responsabilidades de los servidores públicos que habrían permitido la intervención de personal extranjero en actividades de seguridad dentro del territorio nacional, así como determinar si existieron omisiones en la coordinación y comunicación con las instituciones federales.
La gobernadora señaló que su administración atenderá los requerimientos de información de las autoridades federales y mantendrá la cooperación institucional necesaria para el esclarecimiento de los hechos, sin intervenir en las determinaciones que correspondan a los tribunales.
La Fiscalía de Chihuahua concluyó la etapa inicial de sus investigaciones y judicializó una causa por presuntos delitos del fuero común, mientras que la FGR mantiene abierta una investigación distinta por la probable comisión del delito de traición a la patria.
Campos también recordó que en abril se creó una unidad especializada para esclarecer los acontecimientos de El Pinal y determinar posibles responsabilidades de funcionarios públicos involucrados en el operativo.
“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley”, afirmó la gobernadora, quien rechazó que exista protección institucional o persecución política contra el exfiscal.
El procedimiento estatal permitió que Jáuregui enfrentara las acusaciones locales en libertad bajo medidas cautelares. Sin embargo, posteriormente fue detenido por autoridades federales y trasladado al Altiplano, donde quedó a disposición de una jueza por la investigación de la FGR.
La audiencia inicial del procedimiento federal está prevista para el 20 de octubre, cuando deberán presentarse las imputaciones correspondientes y determinarse los siguientes pasos del proceso.
La gobernadora reiteró que Chihuahua mantendrá la coordinación con las instituciones federales para combatir al crimen organizado, pero insistió en que cualquier colaboración, incluida la que involucre a autoridades extranjeras, debe desarrollarse por conductos oficiales y con apego a la legislación mexicana.
De esta manera, el Gobierno de Chihuahua dejó en manos de las autoridades judiciales la resolución del caso, mientras las investigaciones estatales y federales continúan su curso para establecer las posibles responsabilidades del exfiscal.
